La historia es la siguiente. Varios eurodiputados ecologistas para poder realizar sus investigaciones sobre los posibles daños de este producto agrícola potencialmente tóxico pidieron a la EFSA que se los suministrase. Esta agencia se negó porque considera que se pondrían en peligro los negocios de los fabricantes (el primero de ellos Monsanto).
Las empresas no quieren que se revelen datos de sus productos para que la competencia no haga copias y así perder dinero. Pero claro, sin la información básica, la proveniente de los ensayos y pruebas técnicas realizadas por los fabricantes, es imposible conocer la verdad.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué impactos pueden tener en su salud y en la naturaleza la utilización de estos agresivos químicos.
El conflicto final es entre el interés general o público a saber y el de las empresas a hacer negocios. Y lo que viene a explicar el citado Tribunal de Justicia es que los últimos no pueden anteponerse a los primeros. Existe interés general en que se divulguen esos datos. Hay que tener en cuenta que en marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que el glifosato probablemente es carcinógeno.
También hay que saber que está tan presente entre nosotros que en Francia se realizó un estudio sobre la presencia del herbicida en la orina de las personas y todas las analizadas portaban en su organismo este potencial cancerígeno y menos una, en dosis mayores de las permitidas en el agua de beber.
Importante es preguntarse cómo puede ser que en el ámbito científico los estudios que hacen las compañías privados tengan datos secretos cuando puede haber impacto ambiental o en la salud pública. Hay una figura jurídica que es el secreto comercial que les ampara y eso es lo que ha quedado tocado ahora con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Hay que invertir y dar facilidades para la investigación pública porque la industria cuando investiga es juez y parte y en virtud del secreto comercial tiene protegida la producción científica y por eso los resultados negativos de la investigación no se revelan.
El progreso científico se basa en la posibilidad de reproducir los resultados de otros investigadores. Pero esto, en muchos casos, es imposible por permanecer oculta la información. La falta de transparencia pone así en peligro la propia investigación.
Lo anterior nos lleva al funcionamiento de las agencias reguladoras, siempre ligadas a las industrias y más preocupadas por no dañar sus intereses que por la salud pública.
La citada EFSA además tiene mucho que esconder sobre sus conflictos de interés con las empresas privadas.
El 46% de los expertos que forman parte de los paneles científicos de la Agencia de Seguridad Alimentaria tiene un conflicto de intereses por su relación con las empresas alimentarias o agrícolas, según un informe publicado por la organización Corporate Europe Observatory.
Es importante esta sentencia porque la ciencia avanza gracias a que el conocimiento es público. No pueden seguir ocultándose los datos, obtenidos muchas veces de trabajos realizados en universidades o centros de investigación públicos. Por poner otro ejemplo, si un medicamento hace daño y la farmacéutica de turno no publica los datos sobre sus efectos secundarios con la excusa del secreto comercial, podría existir una epidemia soterrada de efectos secundarios muy difícil de detectar, cosa que no ocurriría de haber mayor transparencia.
Miguel Jara
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