La operación de las plantas
termoeléctricas de CFE pone en riesgo la salud de millones de mexicanos,
ya que funcionan a base de combustóleo, un subproducto de refinación
altamente contaminante.
El daño será irreversible. Más allá de los costos que se transferirán a los consumidores industriales y comerciales en el recibo de su luz, la nueva política de electricidad del Gobierno federal ocasionará un grave impacto para el medio ambiente y, sobre todo, deteriorará la salud de millones de mexicanos.
Con el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá elevar la producción de sus termoeléctricas a través de la quema de combustóleo, un subproducto de refinación que posee altos niveles de contaminación.
Diversas organizaciones no gubernamentales y
ambientalistas estiman que cada año en México mueren alrededor de 25 mil
personas por el uso de este material.
Lourdes Melgar, investigadora del Baker Institute for
Public Policy, opina que el acuerdo que se publicó el pasado 15 de mayo
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tendrá
afectaciones de diferente magnitud, pero el mayor golpe provendrá de la
puesta en marcha de las plantas de electricidad de CFE que ya estaban
por sacarse de operación o que ya estaban detenidas.
El @CenaceMexico ha decidido interponer una queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, luego que Jueces Federales otorgarán la suspensión provisional al Acuerdo para garantizar la eficiencia del SEN. https://t.co/WNyDwteCV5 pic.twitter.com/6o2sltqpJw— CFEmx (@CFEmx) May 21, 2020
“Se trata de plantas viejas que son ineficientes y que dejarán una afectación muy seria para millones de personas porque el combustóleo mexicano tiene una alta concentración de azufre que al quemarse en las plantas de CFE genera ácido sulfúrico y al respirarse perfora los pulmones, además de que genera lluvia ácida que afecta plantíos”, precisa la experta en temas energéticos.
La termoeléctrica de CFE en Tula, Hidalgo, es una de las
más contaminantes en territorio nacional. A la fecha, la planta es la
mayor fuente de emisiones de bióxido de azufre y genera partículas finas (PM2.5),
que llegan todos los días hasta los pulmones de 20 millones de
habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, de acuerdo
con un reporte elaborado en conjunto por el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (Inecc), Iniciativa Climática de México, y
El Poder del Consumidor.
Olas de amparos buscan frenar el acuerdo de electricidad
El nuevo acuerdo respaldado por la Secretaría de Energía ha desencadenado un tsunami de procesos legales
entre los participantes del sector. Hasta la fecha suman alrededor de
50 amparos en contra del documento en el que se bloquea la generación de
energía renovable en México por parte de privados.
Uno de los argumentos de los inversionistas nacionales y
extranjeros es que la generación de energía en las termoeléctricas de
CFE es más costosa, así como contaminante.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) pronostica que a la Empresa Productiva del Estado (EPE)
puede costarle hasta 140 dólares, mientras que con energías verdes el
costo es apenas de 20 dólares, es decir seis veces menos que a CFE.
En respuesta, la empresa dirigida por Manuel Bartlett envió un boletín en el que informó, en nombre del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace),
que se interpondrá una queja ante el Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa en turno, luego que Jueces Federales otorgaran la
suspensión provisional al acuerdo para garantizar la eficiencia del
Sistema Eléctico Nacional (SEN).
📌Nota informativa sobre diversos juicios de amparo promovidos por participantes del #MEM y la reunión de trabajo con la Comisión de #Energía del Senado de la República https://t.co/MNEcKkPGGe pic.twitter.com/62bK49HUnF— @CenaceMexico (@CenaceMexico) May 21, 2020
El gran problema de los amparos de los privados es que se trata de suspensiones provisionales, por lo que el acuerdo del Gobierno federal puede cumplir su cometido si no se le pone un freno permanente.
Para la experta Lourdes Melgar este tema seguirá sobre la
mesa durante los siguientes meses, pero no por ello se debe de dejar de
lado el elemento clave en esta discusión.
“La operación de las termoeléctricas son un atentado al derecho a la salud que poseen todos los mexicanos, desde luego que hay que poner atención al tema legal y a los conflictos internacionales, pero se tiene que poner énfasis en este tipo de afectaciones, ya que a nivel nacional son muy serias”.
reporteindigo
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