• El Gobierno de Antonio Echevarría refrenda su compromiso con la legalidad y solicitó hoy al Congreso de Nayarit el inicio del proceso de declaratoria de procedencia en contra de 4 jueces de primera instancia y 2 magistrados en funciones para que se les retire el fuero constitucional y en su momento puedan ser sujetos a la acción penal.
• Los delitos por los que se les podría acusar son: falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.
Tepic, Nayarit; 13 de abril de 2018.- La Fiscalía General del Estado
informa a la ciudadanía que, como resultado de más de un año de trabajos
de investigación, se han obtenido indicios de que en Nayarit, entre los
años 2013 y 2018 se realizó una asociación, arreglos y convenios entre
apoderados legales y funcionarios de INFONAVIT, un despacho externo de
abogados, funcionarios del Poder Judicial del Estado, encabezados por el
entonces magistrado presidente, un magistrado más, 4 jueces de primera
instancia, diversos funcionarios judiciales y un notario público, para
llevar a cabo de manera ilegal la ejecución hipotecaria de cerca de 60
mil viviendas ubicadas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas,
Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco en perjuicio de miles de familias
derechohabientes de ese instituto de vivienda.
Este entramado de presunta corrupción se confeccionó a través de una
simulación de juicios en 4 cuatro juzgados de primera instancia en los
municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron
en la adjudicación y escrituración de manera irregular de
aproximadamente 40 mil casas.
Hay indicios que la operación fue en dos etapas. La primera inició en
los años 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela, se
conoce que oficialmente en los juzgados se tenían procedimientos con uno
o dos demandados, pero que en el despacho particular de los abogados
externos se tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados,
falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamientos de los
demandados, sin la intervención de Ministerio Público alguno,
concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y en
contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75 por
ciento del valor del avalúo de los inmuebles. Las escrituras fueron
realizadas por un mismo notario.
Las investigaciones permiten deducir que las actuaciones se realizaban por personal contratado por el despacho externo, trabajando en dos edificios ubicados en el centro de Tepic, y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados. Hay información también de entregas de dinero en efectivo, así como la promesa de algunas otras prestaciones.
La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio
de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016. Sin tener registro
alguno en libros de gobierno, se confeccionaron expedientes con números
consecutivos ficticios con demandas iniciales; se sabe ahora que el
despacho externo realizaba los supuestos acuerdos y notificaciones, y
solamente por volumen se llevaron para firmas del juez y secretarios de
acuerdos.
Los anteriores hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de
falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto
jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio
indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la
administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos,
todos del Código Penal del Estado de Nayarit.
Este jueves, el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano,
presentó al Congreso del Estado la solicitud de declaratoria de
procedencia en contra de los servidores públicos con fuero, siendo estos
4 jueces y 2 magistrados en funciones, para que previo el proceso
correspondiente, se les retire dicha protección especial, y en su
momento se pueda ejercer acción penal en su contra.
Además se ordenó la vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Nayarit para que se investiguen las posibles
responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como
algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal
administrativo. Además de la vista al Colegio de Notarios del Estado de
Nayarit para que se investigue el actuar del fedatario público
involucrado.
Se ordenó inmediato desglose de la carpeta de investigación a la
Procuraduría General de la República sobre los posibles delitos de su
competencia, y se tuvo comunicación con autoridades del INFONAVIT y de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para
que también intervengan en el asunto en atención a sus facultades y por
tratarse del sensible tema del derecho a la vivienda.
El Gobierno de Nayarit y la Fiscalía General del Estado refrendan su
compromiso en la lucha contra la corrupción, el respeto a la legalidad y
la búsqueda de justicia.
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