domingo, 23 de junio de 2019

CETA y TTIP: La lucha de poder entre las multinacionales y los Estados

¿Qué ocurre cuando a un consorcio multinacional no le agrada una ley? Lleva al Estado a un tribunal arbitral internacional a puerta cerrada. Para los contribuyentes hay miles de millones en juego en la lucha de poder entre los Estados y las multinacionales.

La región belga de Valona generó una crisis europea porque se negó a firmar el Acuerdo Integral de Economía y Comercio CETA con Canadá. En otoño de 2016, millones de ciudadanos de la Unión Europea salieron a las calles para protestar contra el acuerdo. 

En el marco de las negociaciones para el CETA salió a la luz el sistema de arbitraje privado. Este les permite a las multinacionales demandar a los Estados por enormes indemnizaciones si sus políticas ambientales, sociales o sanitarias afectan las ganancias reales, o incluso previstas, de las empresas. 


Los costos los pagan los contribuyentes, a quienes el Estado debería proteger. ¿Por qué existen esos tribunales arbitrales? Fundamentalmente por los convenios de libre comercio: para atraer las inversiones de grandes consorcios, los Estados pactan acuerdos comerciales entre sí. Estos incluyen cláusulas de arbitraje que permiten a las empresas convocar a tribunales arbitrales privados. Los procesos de arbitraje se celebran a puerta cerrada y los dirigen abogados especializados en negocios de grandes corporaciones. 

En el marco de la globalización, en todo el mundo aumenta el número de casos de arbitraje, tanto en las economías fuertes como en las economías en desarrollo y emergentes. Esto tiene repercusiones devastadoras en los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la sanidad, la protección del medio ambiente y la legislación laboral. En vista de estos acuerdos, la pregunta que se plantea es si los ciudadanos realmente quieren este tipo de globalización. A partir de tres casos, este documental evidencia la magnitud del poder de los tribunales arbitrales internacionales. 


La compañía canadiense Cosigo demandó al Estado colombiano en un arbitraje privado en el que reclamaba una indemnización de 16.000 millones de euros. En Alemania, la empresa energética sueca Vattenfall pide una indemnización de 4.700 millones de euros porque el Estado decidió dejar de usar energía nuclear. 

En Perú, el grupo estadounidense Renco, cuya fundición de plomo envenenó el aire de la región, exige una indemnización de 800 millones de euros al Estado peruano. Entretanto, están empezando a reaccionar muchos Estados, cuya soberanía se ve amenazada. Pero, ¿es quizá demasiado tarde para hacer algo contra estas corporaciones que parecen tener poder sobre todo y sobre todos?

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