Las tabacaleras negaron durante medio siglo que producían cáncer. Las petroleras rechazaron durante décadas sus responsabilidades en el cambio climático. La multinacional Monsanto-Bayer niega desde hace años los efectos del herbicida Roundup (en base a glifosato), pilar del modelo transgénico. En sólo ocho meses, tribunales de Estados Unidos condenaron en tres oportunidades a Monsanto-Bayer por producir cáncer y, en la última sentencia, se destacó que la multinacional ocultó los riesgos del glifosato. En Argentina se utilizan más de 200 millones de litros del agrotóxico y, en Estados Unidos, más de 11.000 juicios esperan sentencia.
El 27 de marzo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto-Bayer a pagar 80 millones de dólares por “negligencia”, al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup. La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un “factor determinante” en el linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.
“El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa”, explicaron los abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff. Las abogadas aportaron pruebas de cómo Monsanto tenía (y mantiene) una política permanente y planificada para comprar científicos, medios de comunicación y funcionarios.
El jurado (ante el juez Vince Chhabria) ya había determinado que el herbicida de Monsanto-Bayer había contribuido al cáncer de Hardeman, que lo utilizó en su campo durante dos décadas.
La primera condena para Monsanto-Bayer sucedió en agosto de 2018, también en California. Dewayne Johnson fue indemnizado con 289 millones de dólares por contraer cáncer en su trabajo como jardinero. En segunda instancia, el tribunal confirmó la responsabilidad de Monsanto pero redujo el monto a 78 millones de dólares.
Dewayne Johnson y Edwin Hardeman son los primeros de 11.000 juicios que esperan a Monsanto-Bayer en Estados Unidos. La trama judicial es actualizada en monsantopapers.lavaca.org, único sitio en español que informa de manera permanente.
“Las pruebas acumuladas sugieren que Monsanto conocía la existencia de los riesgos asociados a la exposición al glifosato desde comienzos de la década del 80”, señaló Anabel Pomar, única periodista argentina que sigue los juicios de Estados Unidos.
La alemana Bayer, que compró Monsanto en 2018, defiende al glifosato (y otros agrotóxicos que vende) de la misma manera que la compañía estadounidense: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud.
Las acciones de Bayer caen ante cada sentencia (descendieron 12 por ciento la semana pasada). Es una incógnita qué pasará si los fallos a favor de Dewayne Johnson y Edwin Hardeman se repiten en cadena. Anabel Pomar, de “Monsanto Papers”, reveló que la consultora británica Jeffries LLC calculó que los juicios pendientes podrían representar alrededor de 680.000 millones de dólares contra Monsanto-Bayer.
En Argentina se aplica glifosato en 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita, vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto-Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
Los medios que publicitan el agronegocio minimizan u ocultan desde hace décadas las consecuencias de los agrotóxicos. “No hay estudios”, suelen decir. El secretario de Ciencia, Lino Barañao, resumió en 2009 la postura empresaria: “Es como agua con sal”. Ya como funcionario de Cambiemos volvió a defender al glifosato y a las empresas: “Con los antibióticos también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.
La investigación “Antología toxicológica del glifosato”, realizada por Eduardo Rossi de la Campaña Paren de Fumigar Santa Fe, dio cuenta de la existencia de al menos 830 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud) ubicó al glifosato en segundo nivel de peligrosidad (de una escala de cinco). “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”, determinó.
Los defensores del agronegocio (que tienen negocios vinculados al agro) implementaron dos estrategias ante la evidencia contra el glifosato: impulsar las “buenas prácticas agrícolas”, con la ilusoria promesa de disminuir los riesgos y, por otro lado, intentar reemplazar el glifosato con otros herbicidas.
Los afectados por el agronegocio (pueblos fumigados, campesinos, indígenas, asambleístas socioambientales) aclaran que el problema de fondo no es el glifosato, sino el modelo agropecuario en base a transgénicos y uso masivo de agrotóxicos.
Sin control ni estudios
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo que debe regular el uso de agrotóxicos en Argentina. Desde hace veinte años está controlado por funcionarios en total sintonía con las empresas que producen agrotóxicos. El Senasa autoriza el uso de agroquímicos en base a “estudios” confidenciales de las propias compañías que los venden y no tiene en cuenta los efectos crónicos (en largo plazo de los venenos).
El estado argentino no realiza estudios propios al momento de autorizar el uso de agrotóxicos.
Alainet
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