El laboratorio francés Sanofi reveló en noviembre que Dengvaxia, la primera vacuna contra el dengue en el mundo, podría aumentar el riesgo de enfermedad grave en personas que nunca habían estado expuestas al virus. La noticia provocó un escándalo en Filipinas, donde más de 800.000 niños en edad escolar habían sido vacunados en 2016.
El Ministerio de Salud filipino detuvo las inmunizaciones con Dengvaxia. Formó un panel de expertos para determinar si el medicamento estaba directamente relacionado con la muerte de catorce niños.
Se descubrió que tres casos tenían una asociación causal entre el uso del fármaco y su muerte. Murieron de dengue incluso aunque se les dio Dengvaxia. La vacuna falló.
Y todo apunta a que no se hicieron las debidas comprobaciones clínicas antes de ponerla en el mercado porque como explicaron las autoridades sanitarias filipinas, se necesitarían entre tres y cinco años para saber si puede provocar otras reacciones adversas graves.
Sanofi explica que ha hecho ensayos clínicos durante diez años y ha suministrado más de un millón de dosis de su medicamento y que no se ha registrado ninguna muerte. Claro que el pasado de este laboratorio farmacéutico no avala su credibilidad.
El caso Agreal le persigue. Durante decenios Sanofi comercializó un fármaco para los sofocos de la menopausia, un potente neuroléptico que fue retirado en 2005 del mercado en España porque causaba graves daños físicos y secuelas psíquicas crónicas en las mujeres que lo tomaron.
Pero el fabricante sabía desde hacía muchos años que no podía tomarse durante más de tres meses.
Aún así siguió vendiéndolo y miles de mujeres quedaron dañadas de por vida.
En el Bufete Almodóvar & Jara conocemos bien el caso porque representamos a un nutrido grupo de mujeres que litigan con la compañía y que consiguieron un informe confidencial de Sanofi en el que se reconocían esos datos.
De hecho este escándalo de ocultaciones por el laboratorio no cesa. Lo último es que las afectadas por el tratamiento de Sanofi se han querellado contra la Real Academia de Medicina y el doctor Esteban Morcillo por delito de estafa, falsedad en la narración de los hechos, cohecho, tráfico de influencias, falso testimonio y de delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales.
Morcillo intervino como perito en un juicio por los daños a siete mujeres y no se molestó ni en mirar el informe citado que es la prueba clave para entender que Sanofi sabía que su fármaco podía causar daños y no hizo nada al respecto.
Sanofi también fue el comercializador de la vacuna más polémica hasta la fecha por sus posibles daños, Gardasil contra el virus del papiloma humano.
Un caso en el que también se observan ocultaciones de sus reacciones adversas, autoridades sanitarias que también miran para otro lado en vez de investigar, como es su obligación, las notificaciones de posibles efectos secundarios (muchos de ellos graves incluidas muertes), etc.
Lo cierto es que el caso de la vacuna del dengue pone de nuevo sobre la mesa la enorme responsabilidad que tienen los laboratorios (y las autoridades sanitarias que les amparan) en la buena imagen de las vacunaciones o escrito al revés, episodios de muertes como efecto secundario de una inmunización arrojan mala imagen sobre estos medicamentos en un momento sensible.
Existen quienes hacen responsables a los ejecutivos de Sanofi:
Hay indicios de que la compañía, que podría beneficiarse de tener un producto de gran éxito, debería haber dado menor relevancia a sus intereses corporativos”, escribían en Statnews a finales de diciembre de 2017.
Miguel Jara
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